En un encuentro mantenido el pasado viernes día 8 de julio, el Comité ha hecho entrega de un dossier donde se recogen las propuestas del tercer sector social de la discapacidad en materia de fiscalidad, propuestas para los futuros presupuestos de la Generalitat Valenciana 2023 en el ámbito de Hacienda, mejoras en los costes de financiación sobre los préstamos para financiar los atrasos en la acción concertada social en discapacidad que se conforman con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y la propuesta de la modificación de la Ley 13/1997 para adecuar de la terminología empleada en el texto de la ley, por imperativo de la Ley 11/2003 de 11 de abril, de la Generalitat sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad, así como por la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que entró en vigor el pasado 3 de septiembre de 2021; como también por la Convención ONU.

 

Asimismo, se ha trasladado al Conseller de Hacienda, por parte del presidente del CERMI CV, Luis Vañó Gisbert; propuestas para conformar un Fondo sin Personalidad Jurídica, para la financiación de las entidades del Tercer Sector de Iniciativa Social colaboradoras de la Administración de la Generalitat Valenciana.

 

Tal como ha expresado Luis Vañó: “Con la propuesta de la creación de un fondo carente de personalidad jurídica hacia las entidades del tercer sector de acción social, estaríamos configurando un nuevo paradigma de financiación en el mecanismo principal de financiación estable de las estructuras de las entidades de carácter federativo / autonómico del Tercer Sector de la Discapacidad y por ende de las entidades de este nivel de todo el Tercer Sector de Acción Social de la Comunidad Valenciana.”

 

“La promoción del tercer sector de acción social, dando valor añadido como entidades colaboradoras de la Administración de la Generalitat Valenciana en la planificación, implementación y ejecución de las políticas sociales, educativas, sanitarias, de empleo, etc.; tendentes a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, es consustancial con el cambio de paradigmas de sostenibilidad, donde la financiación sea estable, segura y suficiente”, ha manifestado el presidente del CERMI CV.

 

Luis Vañó ha expresado también: “uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos el tercer sector de la discapacidad es su actual modelo de sostenibilidad económica; ya que el actual modelo es a corto plazo, insuficiente y centrado exclusivamente en la acreditación del gasto; y no en cuestiones que conforman y se despliegan en su amplísima acción de sensibilización e impacto social; en la incidencia política; en la generación de alianzas público-privadas; en la promoción de acciones encaminadas en la coherencia de políticas públicas hacia la innovación social global, etc., que llevamos a cabo las entidades del tercer sector, algo que inevitablemente deriva en un perjuicio hacia las personas con discapacidad y sus familias que reciben acompañamiento y promoción y a todas las personas en situación de mayor riesgo de vulnerabilidad en su conjunto”.

 

Y finalmente ha añadido: “Todo ello aconseja revisar y actualizar los instrumentos de financiación de los programas y servicios sociales implementados hacia las organizaciones sociales de primer nivel del tercer sector de acción social, así como eliminar carga burocrática, con la implantación por ejemplo de la justificación por Coste Simplificados, reformar los criterios de elegibilidad del gasto, valorar de forma diferente los programas que desarrollan objetivos y actividades que precisen de una planificación y gestión centralizada por parte de las entidades y una asimilación exacta a los beneficios que tienen las empresas privadas en sus ayudas de líneas de bonificaciones de los costes financieros sobre operaciones de préstamos, a los costes de las líneas financiación en las necesidades operativas de fondos para el anticipo por derechos de crédito derivados de prestación de servicios concertados en entidades sin ánimo de lucro; fundamentalmente estamos proponiendo ideas y para explorar otros mecanismos permitidos por el ordenamiento jurídico y hasta ahora inéditos en nuestra Comunidad Valenciana.”